POR MIS PISTOLAS

respecto a la propuesta de la pistolización ciudadana en México


Prácticamente después de Corea del sur, donde existe una sanción de pena de muerte a quien se sorprenda portando o utilizando un arma de fuego, México posee una de las más estrictas leyes “anti-pistolización” del mundo.

Tal como se sabe, está establecido por la constitución de 1917, en su artículo 10 (ahora modificado), el derecho a civiles a portar armas siempre que, por un lado estén registradas y que, por el otro, no sean de uso exclusivo federal; es decir, que no sean utilizadas por la policía o el ejercito. Por otro lado, cabe mencionar que dicha ley contempla la tenencia de armas de fuego con el fin exclusivo de proteger a los hogares “mexicanos”, de tal modo que se considera ilegal y susceptible de una penalización su uso y porte fuera del domicilio.

Sin embargo, el reciente caso del secuestro a Fernando Martí (hijo de un importante empresario mexicano) en agosto del 2008, aunado al creciente número de asaltos a transeúntes y secuestros, ha caldeado los ánimos en ciertos medios de comunicación masiva y buena parte de la opinión popular respecto al espíritu de dicha ley; el razonamiento es esencialmente simple:

- La violencia contra los individuos se da mayoritariamente en las calles, no en las casas, pues en ellas es posible utilizar las armas que, por derecho constitucional, tenemos capacidad de portar.

- Las autoridades, así como los elementos policíacos se han visto rebasados en sus capacidades, tanto de respuesta, como de cobertura.

- Por lo tanto, es razonable sugerir que la portabilidad de las armas debería extenderse más allá del hogar. Así incrementaríamos nuestra sensación de seguridad frente a posibles altercados violentos.

Lo anterior sigue el razonamiento de que el asaltante desconoce si su posible víctima lleva consigo un arma; de modo que, siendo ese el caso, su propia vida correría peligro, pues el asaltado estaría, de algún modo, capacitado para defenderse. De aquí se piensa que los asaltos y secuestros podrían disminuir ya que, al menos un porcentaje de los perpetradores, consideraría la posibilidad de perder su vida en el acto delictivo mismo.

Sin embargo, la idea dista de ser genial, incluso, más bien se acerca a su contrario, ya que, si se piensa con cautela, la idea de pistolizar a la población para hacer un frente común contra el hampa, posee más elementos negativos que positivos (aun cuando los negativos son francamente brutales). Así pues, consideremos lo siguiente:

Asumiendo que la pistolización mexicana se diera a través de exámenes psicológicos serios e incorruptibles (lo que representa la primera dificultad, si tomamos en cuenta que no hemos conseguido eso ni para la expedición de licencias para conducir un auto), lo que hacemos, a parte de proveer a la ciudadanía de un elemento radical de defensa personal, es convertir a un ciudadano, víctima potencial de un delito frente a un hampa desenfrenada (como es el caso de México), en asesinos potenciales, es decir, posibles delincuentes indirectos; y ello no en tanto el espíritu o ánimo del asesinato, sino en tanto la acción legal (quitar la vida a otro ser humano).

Por otro lado, nos enfrentaríamos al complicado, largo y penoso procedimiento de que, en caso de que alguien quite la vida a otra persona defendiendo la propia, efectivamente pueda demostrar que se defendía y que no atacaba a otro con dolo; lo cual, podría hacer que alguien que defendía su vida, termine sus días en la cárcel tras haber terminado con la vida de otra persona.

Finalmente, cabe señalar que dicha propuesta no parece tomar en cuenta el costo, en términos de conciencia humana de terminar con la vida de otra persona. Pongámoslo en términos simples:

Consideremos por un momento el hecho de que una situación social donde la posibilidad de que nuestra integridad personal se vea afectada, es latente, produce paranoia colectiva (véase el caso EU y su relación de paranoia colectiva con el fenómeno del terrorismo); bien podríamos pensar un caso hipotético en el que, si yo miro a un individuo acercarse a mi o a mi auto con un ánimo misterioso y presumiblemente peligroso, tanto así que sintiera mi vida en riesgo, estaría, si bien no el licitud jurídica (pues no es justificable la defensa personal aun), sí en capacidad de desenfundar el arma que traigo conmigo y dispararle, aun cuando la persona que se me acercaba tuviera intenciones completamente distintas a la de atentar contra mi vida (pedirme limosna, preguntarme una dirección, etc.). Sin embargo, a partir de dicha tragedia, tendría que lidiar el resto de mi vida con el hecho de que maté a una persona, por lo que, moral y penalmente no sería distinto a un asesino imprudencial.

Lo anterior sugiere que el pistolizar a la ciudadanía, lejos de disminuir a los asesinos potenciales (un porcentaje pequeño de la población), lo aumentaría al grueso de la población total, pues no olvidemos que, tal como la bocina del auto no sólo se usa para alertar (tal es su función ideal), también se usa comúnmente para insultar, para quejarse, para “molestar”; así mismo, las armas se pueden usar en situaciones francamente lejanas a las ideales. La diferencia, en todo caso, es que una bocina de carro difícilmente matará a una persona.

Así y tras lo anterior, me parece razonable, así como aceptable, afirmar que la idea de pistolizar a la ciudadanía es especialmente mala por su poco reparo en las consecuencias además de su susceptibilidad de ser fácilmente reducida al absurdo. Sin embargo, tanto el hacerlo como el no hacerlo, parecen no resolver el problema en cuestión; a saber, el del hampa sin castigo.

En ese sentido, me parece prudente subrayar que, uno de los principales supuestos de un estado moderno, es que éste se encuentra conformado por individuos que han aceptado, en un pacto o contrato social, una compleja relación de derechos y obligaciones de, entre los cuales y como uno de los principales, se encuentra el derecho a la seguridad o, lo que significa, la obligación del estado (estructura fundamental compuesta por instituciones reguladoras) de procurar seguridades básicas a sus elementos que le componen; de modo que, ante el flagrante incumplimiento de alguna de dichas obligaciones primarias del estado, el sujeto estará en completa libertad de romper el lazo contractual que le une a éste.


¿Qué significa lo anterior?

En palabras más simples, significa que los individuos estamos en libertad de incumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos si el estado no cubre nuestras garantías mínimas de supervivencia. Ello comprende la suspensión en el pago de impuestos, de servicios, en la destitución popular o desconocimiento de mandatarios; así como algunas otras medidas que puedan surgir; ya que, en tanto que nos encontramos en una situación donde la relación individuo-estado es básicamente contractual, nuestra posición es similar a la de un cliente frente a un proveedor de bienes y servicios (si el servicio es deficiente, podemos demandar o, eventualmente, disolver el contrato).

Cabe mencionar, sin embargo, que esta no es necesariamente una medida obligada en el caso de incumplimiento gubernamental o policiaco, en lo que respecta a la regulación o control de una situación de impunidad frente al crimen, así pues, simplemente se plantea la idea y se abre la posibilidad (ya que mucha gente la desconoce) de enfrentar en forma no violenta y si razonable, un problema que resulta y aparece común en su padecimiento diario; a saber, el de la temible inseguridad.